Hacer trampa en los juegos de envite y azar, las actividades para predecir el futuro a cambio de dinero, el uso de cheques falsos o tarjetas de otras personas e incluso mentir en las solicitudes de beneficios otorgados por entidades del Estado. Todas estas actividades, y muchas otras, son consideradas por la ley como actividades fraudulentas y pueden terminar convirtiéndose en una condena de prisión en la cárcel, que podría durar desde un año hasta cinco años, dependiendo de los cargos que le haya imputado el fiscal.

Además, cuando se trata de estos delitos la pena de prisión o la multa que podría imponerse no son las únicas consecuencias negativas de las que preocuparse. Una condena por esta clase de delitos será parte de su historial criminal y podrá afectar sus relaciones comerciales y personales en el futuro. Disminuyendo las posibilidades de obtener un crédito, un trabajo o afectando incluso, si usted es inmigrante, su estatus migratorio.

En las líneas siguientes se explica qué son este tipo de delitos, cuáles son los más comunes y las consecuencias a las que puede enfrentarse en caso de ser condenado por alguno de ellos. Además se ilustran las defensas que se usan con más frecuencia para enfrentar acusaciones por este delito, aunque no debe olvidar que la defensa más efectiva sólo podrá ser elaborada después de revisar las circunstancias del caso concreto.

El escritorio jurídico The LA Criminal Defense Law Firm está conformado por los mejores abogados de derecho penal especialistas en delitos de esta clase. Si se encuentra en Los Angeles, CA y usted, o alguien cercano, enfrenta cargos por un crimen de esta categoría, consulte con ellos para así obtener la mejor defensa posible a su favor.

¿Qué son los delitos de fraude?

Se consideran como tales a los delitos cometidos por medio del engaño con la finalidad de obtener como resultado una indebida utilidad económica al mismo tiempo que le provoca una pérdida injusta a un tercero.

Muchos de estos delitos son considerados como delitos “wobbler”, y usualmente son procesados como delito mayor porque tiene graves consecuencias financieras para las víctimas del delito. Además en algunos casos, estos delitos son cometidos por la misma persona en distintos Estados y en tales casos son procesados a nivel federal.

La mayoría de los crímenes incluidos en esta clase admiten la frustración del delito, siendo posible que sea procesado y condenado aún en los casos en los que no ha logrado obtener el beneficio económico pretendido. Sin embargo, al tratarse de delitos intencionales, todos ellos requieren que quien lo comete tenga la intención de defraudar. 

¿Cuáles son los delitos de fraude más comunes en California?

Dentro de esta clase de delitos existen muchas conductas ilícitas sancionadas por la ley, debido a que los actos fraudulentos son tan versátiles como los medios, los mecanismos y las destrezas que existen para cometerlos. Sin embargo, las actividades defraudadoras que con más frecuencia se cometen en este Estado son:

  1. Fraude de tarjeta de crédito. (484e-484j del Código Penal)
  2. Fraude de seguro de auto (548-551 del Código Penal).
  3. Fraude de cheques (476 del Código Penal):
  4. Fraude de juego (332 del Código Penal):
  5. Fraude inmobiliario (487, 2945.4, 890, y 115 del Código Penal):
  6. Fraude del bienestar público (10980 del Código de Bienestar e Instituciones)

En las líneas siguientes se explica cada uno de los hechos ilícitos antes mencionados para que conozca en qué consisten, las sanciones que podrían llegar a imponerse de ser condenado por alguno de ellos e incluso varias defensas posibles.

  1. Fraude de tarjeta de crédito. Consiste en el uso de tarjetas para cometer un hecho fraudulento y así obtener una utilidad económica injusta en perjuicio de un tercero. A pesar de que el nombre del delito hace referencia únicamente a las tarjetas de crédito, en este crimen se incluyen otros tipos de tarjetas: de débito, gift card o cualquier tarjeta de otra clase. Se puede incurrir en este delito a través de cualquiera de las siguientes acciones:
  • Al usar la tarjeta de otra persona sin su autorización.
  • Al usar una tarjeta robada.
  • Al usar una tarjeta propia a pesar de que le había sido revocada.
  • Al usar una tarjeta propia a pesar de que haya expirado.
  • Al usar una tarjeta propia a pesar de que no tenga fondos.

En cualquiera de estas acciones, se trata de un delito intencional siendo necesario que aquel que haya cometido la transgresión también haya tenido la voluntad de obtener una ganancia que no le pertenece.

En cuanto a las sanciones aplicables, le corresponde la aplicación de las mismas penas que se impondrían por la comisión del delito de hurto mayor o de hurto menor. En ese sentido, la sanción variará de acuerdo con el monto total del fraude cometido y en especial, con la sección del Código Penal que haya sido violada: 484e, 484f, 484g, 484h, 484i, o 484j. Aunque, en términos generales, la máxima pena que puede llegar a imponerse por este delito es de tres años de prisión.         

Las defensas por este delito usualmente incluyen demostrar que la persona no tenía la intención de defraudar. Si ha sido arrestado por este delito, otras defensas aplicables son alegar que no existía causa probable para ello o que fue arrestado como resultado de un registro ilegal. Aunque la forma cómo su abogado puede probar estos argumentos de defensa dependerá de las circunstancias de cada caso. 

  1. Fraude de seguro de auto. Este delito consiste en causar voluntariamente daños a un vehículo asegurado y hacerlos pasar por un accidente con el objeto de que la empresa aseguradora sea responsable económicamente de los daños del vehículo.

En sí, la acción delictiva no es causarle daño al vehículo sino utilizar tal daño como motivo para reclamar un pago a la empresa aseguradora. Con esta acción delictiva se causa un perjuicio a las empresas aseguradoras, quienes pagarían por los daños ocasionados al vehículo. Este delito incluye distintas acciones delictivas, cada una de las cuales se encuentra prevista en distintas secciones del Código penal y a la que corresponde una sanción diferente. Algunas de las acciones sancionadas son:

  • Destruir total o parcialmente el vehículo para cobrar el seguro contra daños.
  • Ocultar el vehículo para cobrar el seguro por robo de vehículo.
  • Abandonar el auto para cobrar el seguro por robo de vehículo.
  • Presentar varios reclamos de seguro por un mismo daño para obtener doble beneficio económico.
  • Preparar o presentar información falsa a las empresas aseguradoras.

Como, de acuerdo con la ley californiana, todos los automóviles deben estar asegurados para poder circular dentro del Estado, este crimen suele ser muy común. Pero eso también implica que las empresas aseguradoras invierten cada vez más recursos en realizar sus propias investigaciones para determinar si las reclamaciones son reales o son fraudulentas.

Como se indicó anteriormente, la pena aplicable tras una condenatoria dependerá de la forma como se cometa el delito y de la sección específica del Código Penal que haya sido transgredida con el hecho ilícito. Aunque usualmente se castiga como un delito mayor, por lo que la sanción puede llegar a ser de hasta cinco años de prisión junto con una multa que puede ser de hasta cincuenta mil dólares, de acuerdo con la sección 548 del Código Penal del Estado. Aunque en algunas ocasiones, tomando en cuenta la acción delictual que haya sido desplegada, puede ser procesado como un delito menor y la pena puede llegar a ser de una multa de mil dólares y prisión hasta por un año.

Las tácticas de defensa más comunes cuando se presentan cargos por este delito son demostrar que no existía la intención de defraudar a la empresa de seguros o  que no existe suficiente evidencia para demostrar los elementos esenciales del delito.

Una buena defensa penal puede ayudarle a eliminar los cargos en su contra o lograr que sea absuelto del delito. Por ello es recomendable acudir a un abogado tan pronto como tenga conocimiento de que se ha iniciado una investigación en su contra, para que diseñe una táctica de defensa personalizada, es decir, a su medida.

  1. Fraude de cheques. Consiste en el uso de cheques para realizar el engaño y obtener con ello una ganancia, provocándole daños al patrimonio económico de otra persona. Algunas de las formas como este delito se puede cometer son:
  • Al usar un cheque asociado a una cuenta sin fondo o asociado a una cuenta que no existe.
  • Al usar un cheque asociado a la cuenta de un tercero y falsificar la firma del legítimo propietario o alterar cualquier otra información del instrumento.
  • Con la simple posesión del cheque fraudulento.

Este delito previsto en la sección 476 del Código Penal no sólo incluye a los cheques, sino que también hace referencia a las facturas, las notas de crédito, los pagaré o en general a cualquier documento con el cual se pueda obtener el pago indebido de dinero.

Respecto a las sanciones, se trata de un delito wobbler por lo que puede ser procesado como un delito mayor o uno menor teniendo en cuenta las particularidades del hecho ilícito. Si el delito es procesado como delito menor, la pena a imponerse puede ser de hasta un año de prisión. En cambio, si es procesado como un delito mayor, la pena puede llegar a ser de hasta tres años de prisión en la cárcel del condado.

Al igual que en otros delitos de esta categoría, las tácticas de defensa por cargos de este delito incluyen demostrar la ausencia de intención de cometer un fraude con  el uso de estos instrumentos, bien porque no sabía que era falso o que estaba alterado. Otras defensas pueden ser muy efectivas pero dependerán de las particularidades del caso, por lo que serán propuestas por su abogado una vez que evalúe los detalles del hecho por el que se le investiga.

  1. Fraude de juego. Este crimen consiste en la obtención fraudulenta de utilidades como resultado del uso de trucos o engaños en cualquier clase de juegos. En este delito, la persona se aprovecha de la confianza de quienes participan al emplear trucos, herramientas o la destreza propia para cambiar los resultados del juego. Con este delito no se castiga la trampa o el juego, sino el hacer trampa para obtener fraudulentamente un beneficio económico.

De acuerdo con la sección 332 del Código Penal del Estado, la pena a imponerse será igual a la que corresponde al delito de hurto según el monto total defraudado. En ese sentido, si el monto defraudado es igual o menor a los novecientos cincuenta dólares será procesado como delito menor y la pena puede ser de prisión hasta por un año y una multa de hasta mil dólares. En cambio si el monto defraudado está por encima de los novecientos cincuenta dólares se considera un delito wobbler, pudiendo ser procesado como delito mayor o delito menor dependiendo de las circunstancias del caso. Si fuera procesado como delito mayor, la pena puede llegar a ser de hasta tres años de prisión junto con una multa que no exceda los cinco mil dólares, si es la primera vez que se comete el delito, o los diez mil dólares en caso de reincidencia.

Al igual que en otros delitos de esta clase, probar que no había una intención de defraudar es una de las defensas más comunes cuando se enfrentan investigaciones por este delito. Sin embargo, un abogado especialista en derecho penal podrá encontrar otros elementos que añadir a su defensa una vez que haya estudiado las particularidades de su caso.

  1. Fraude inmobiliario. Se considera como tal, a cualquier tipo de actividades defraudadoras realizadas por una de las partes en el marco de una negociación, con relación a las operaciones de venta, compra, o renta de propiedades inmobiliarias. Entre las prácticas más comunes consideradas como esta clase de fraude se encuentran:
  • Falsificación de documentos de propiedad.
  • Fraude en la ejecución de la hipoteca.
  • Vender varias veces la misma propiedad.
  • Préstamos abusivos.

En relación a las sanciones que pueden llegar a imponerse por este delito, se debe tener en cuenta que según las particularidades del caso el fiscal podrá procesar el delito como violación de diferentes secciones del Código Penal. En consecuencia, la pena a imponerse dependerá de la sección que haya sido violada de acuerdo con la acusación formulada por el fiscal.

Aunque en términos generales, es común que el fiscal procese el caso como una violación del artículo 487 del Código Penal, el cual prevé el delito de hurto mayor, y la pena a imponerse, en el peor de los casos puede ser de hasta tres años de prisión, una multa de hasta diez mil dólares, o ambas.

  1. Fraude del bienestar público. Este delito, también denominado Fraude a Programas de Asistencia Pública, sucede cuando se miente a las entidades que ofrecen este tipo de programas con el fin de obtener los beneficios que ofrecen. En estos casos, el medio de comisión es la falsedad o inexactitud de los datos brindados en la solicitud que se hace del beneficio, porque el sujeto sabe que de ser honesto no sería considerado como beneficiario. Otra modalidad de este delito es cuando un empleado de la institución asigna el beneficio de forma fraudulenta a una persona que no lo merece.

En el Estado de California este delito es considerado como “wobbler”, por lo que dependiendo de la decisión del fiscal podrá ser procesado como un delito mayor o un delito menor.

Las defensas más comunes para enfrentar cargos por delitos de este tipo incluyen alegar que las evidencias existentes no son suficientes para probar ciertos elementos esenciales del delito, como la voluntad del acusado para defraudar, entre otros.          

Estos son tan sólo algunos de los fraudes más comunes en el Estado, pero las conductas defraudadoras pueden ser tan diversas, como los medios que son empleados para realizarlas.

¿Cuáles son las consecuencias de ser condenado por uno de estos delitos?

Además de las sanciones de prisión y las multas que pueden imponerse tras una condenatoria por un delito de esta categoría, tenga en cuenta que tal condena quedará registrada en sus antecedentes y estos serán accesibles para cualquiera que desee consultarlo en el futuro, afectando de forma significativa posibles trabajos, acceso a créditos, entre otros. Además puede llegar afectar su estado migratorio impidiendo que obtenga la residencia si está por solicitarla.

¿Qué hacer si estoy siendo investigado por uno de estos delitos?

Es importante que usted sepa cómo actuar en caso de enfrentar una investigación o cargos por uno de estos delitos, para minimizar el impacto que pueda tener en su futuro. Es así que  en términos generales las recomendaciones a seguir son:

  1. Ejerza su derecho a guardar silencio.
  2. Recopile toda la información relacionada con el hecho.
  3. Ejerza su derecho a un abogado.
  1. Ejerza su derecho a guardar silencio. Cuando tiene conocimiento por primera vez de la investigación o los cargos que le son imputados, sea porque es notificado de ello o porque es arrestado como responsable del delito, la mejor línea de defensa es mantenerse en silencio. Puede que su instinto le recomiende defenderse y hablar para explicar las circunstancias del hecho por el que se le investiga, pero recuerde que sus alegatos no sólo serán usados para su defensa sino también contra usted. Y en el futuro, cualquier cosa que usted haya dicho podrá ser parte de los argumentos del fiscal para acusarlo y obtener una sentencia condenatoria. Por ello lo más recomendable es no hacer ninguna declaración sin su abogado presente.
  2. Recopile toda la información relacionada con el hecho. Al enterarse de la investigación que se le sigue,usted debe recopilar la información que posea sobre el hecho ilícito por el que se le acusa para que pueda entregarlo a su abogado defensor. Puede tratarse de documentos en su poder o bien de mensajes, correos, conversaciones o testigos, no descarte ninguno porque lo que puede parecer de poca utilidad para usted, podría ser empleado por su abogado como parte de su defensa. Recuerde que mientras más completa sea la información que le entregue a su abogado, este tendrá más oportunidades de elaborar una fuerte defensa en su favor.
  3. Ejerza su derecho a tener un abogado. Tal como informan los oficiales a las personas al ser arrestadas, sus dos derechos primordiales en una investigación de carácter penal son guardar silencio y tener un abogado que lo asesore frente a los cargos que le son imputados por el fiscal. De allí que la recomendación final es precisamente ejercer el segundo de los derechos mencionados, acuda a su abogado de derecho penal que cuente con experiencia en delitos de esta clase. Él revisará el caso que haya armado la fiscalía en su contra, así como los documentos que usted ponga a su disposición para determinar cuál es el mejor curso de acción a seguir en su defensa.

¿Cuales son las estrategias de defensa frente a este tipo de delitos?

Una estrategia será fuerte en la medida en la que se adapte mejor a las particularidades de su caso, por lo que la mejor táctica siempre será la que su abogado elabore a la medida de sus circunstancias. Sin embargo, estas pueden incluir:

  1. Alegar la falta de intención defraudadora.
  2. Alegar la falta de evidencia suficiente.

En particular, estas tácticas implican lo siguiente:

  1. Alegar la falta de intención defraudadora. Esta clase de delitos requieren la existencia de la voluntad para defraudar, por lo que es necesario que el fiscal la demuestre ante el tribunal para obtener una condena. De allí que también sea una defensa común el demostrar que tal voluntad no existía, a través de evidencias concretas que demuestren que se actuó por error, descuido, buena fe o bajo coacción. Pero escoger cuál de ellas será empleada dependerá de su caso y la forma como ocurrieron los hechos que se le imputan.
  2. Alegar la falta de evidencia suficiente. La otra defensa más empleada es alegar que la evidencia presentada en su contra es insuficiente para demostrar el delito o su responsabilidad en ello. Por lo general consiste en estudiar el caso del fiscal y ubicar las debilidades o fallas que existen. En otras ocasiones consiste en estudiar la legalidad de las evidencias presentadas y hacer que el juez desestime aquellas que fueron obtenidas de forma incorrecta, ilegal o en violación de un derecho fundamental. Con esta clase de defensa se puede incluso lograr que el juez desestime los cargos por falta de pruebas.

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