Los funcionarios públicos en el Estado de California disfrutan de una protección legal especial en razón del desempeño de las funciones oficiales asociadas a su cargo, ya que por las decisiones que deben tomar o por las acciones que deben realizar dentro del ejercicio de sus competencias, es posible que se conviertan en el blanco de represalias por parte de aquellos individuos que se sienten particularmente perjudicados por las mismas, como puede ser que un juez dicte una sentencia condenatoria contra un procesado. 

En la legislación de California, existen normas que sancionan gravemente a quienes tratan de impedir que un funcionario realice una acción o tome una decisión, o que quieren vengarse de dicho funcionario por decisiones o acciones que haya tenido que tomar o realizar en cumplimiento de sus deberes. Una de estas regulaciones normativas corresponde al estatuto  que prohíbe el asalto contra estos funcionarios.

Ser acusado por este delito significa tener que enfrentar cargos por un asalto agravado, cuyas consecuencias suelen ser muy serias, en particular, porque las acciones llevadas a cabo por el autor constituyen en suma, un intento por evitar que dicho funcionario cumpla con las actividades públicas que se encuentran dentro de sus competencias, lo cual es un delito que se castiga con la imposición de multas cuantiosas y pena de prisión.

Si usted enfrenta cargos por asalto contra un funcionario público en Los Angeles, necesita la asesoría experta que encontrará en The LA Criminal Defense Law Firm. No piense que un cargo de esta naturaleza es algo sin importancia, porque sus implicaciones legales pueden ser muy complicadas y graves de no contar con la ayuda legal pertinente.

¿Qué se entiende por asalto contra un funcionario público?

El Código Penal de California, en la disposición 217.1 define el delito de asalto contra un funcionario público como una forma de asalto agravado, en la que un sujeto busca ocasionar lesiones físicas a un funcionario público en forma de represalia por una acción o decisión que haya realizado, o para evitar que desempeñe sus actividades oficiales.

Mientras que el asalto simple en California es un delito menor, si esa actividad se realiza en perjuicio de un funcionario del Estado que se encuentre cumpliendo con sus funciones, se convierte en el hecho ilícito definido en el artículo 217.1 antes mencionado, el cual constituye un delito más grave, cuyas consecuencias explicaremos más adelante.

La definición legal contiene algunos términos que deben ser explicados con mayor precisión para comprender mejor las implicaciones que un cargo de esta naturaleza conlleva. Estas son las siguientes:

  • Este hecho ilícito no exige que el autor haya tenido éxito en su propósito, de modo que no se requiere que un funcionario haya sufrido alguna clase de daño.
  • “Funcionario público” es un término que se emplea para designar a ciertos individuos que tienen determinados cargos y ejercen funciones públicas específicas, entre los cuales se incluye desde un jefe del departamento de bomberos hasta el propio Presidente de EEUU.
  • Resulta de relevante importancia la motivación del autor, porque si efectivamente un funcionario público es el objetivo de un asalto, pero el acusado no actuó en represalia o para evitar que éste llevara a cabo sus funciones, entonces no se entiende configurado este hecho ilícito. Un ejemplo de esto sería que un sujeto intentara agredir a un individuo porque le pareció que este último tocó inapropiadamente a su pareja, pero resulta que el individuo es un jefe de policía. Bajo tal escenario la calificación del delito sería otra, pero no asalto contra funcionarios públicos, pues la motivación no estaba vinculada a las funciones que desempeña en relación a su cargo.
  • Igualmente, este delito no se entenderá configurado cuando el presunto asaltante no posea la capacidad física necesaria para que sea considerado como un peligro para la integridad física del funcionario. Este puede ser el caso de un individuo de mayor edad, o un sujeto corporalmente más delgado comparado con el funcionario. Esta exigencia posee una denominación legal, conocida como capacidad actual y se trata de un elemento constitutivo del delito.
  • Este delito también se configura cuando la víctima del asalto se trata de un familiar o pariente cercano del funcionario, siempre que la motivación haya sido la que exige la norma.

¿Qué debe demostrar la Fiscalía para que se dicte una sentencia condenatoria por este delito?

La Corte condenará a un procesado por este delito, siempre que la Fiscalía demuestre la concurrencia de los siguientes elementos constitutivos:

  • El acusado tiene que haber realizado una acción que se considere un asalto;
  • Dicho asalto se realizó en perjuicio de uno de los individuos que se mencionan en la norma como funcionarios públicos o contra sus familiares directos; y
  • El acusado realizó su acción en represalia por una actividad llevada a cabo por el funcionario, propia de su cargo, o con el propósito de impedir que realizara alguna de sus actividades oficiales.

Ahora, procederemos a analizar el significado de algunos términos legales antes indicados:

Tiene que haberse cometido un asalto

Un “asalto” se refiere a intentar cometer de forma ilegal una lesión física a otra persona, pero hay que precisar que para que se configure este elemento se requiere que el acusado tenga la capacidad actual para hacerlo. Esto debe diferenciarse del término “agresión”, que requiere que se verifique realmente un contacto corporal ofensivo o dañino en perjuicio de otro individuo. 

El ejemplo de un asalto puede ser lanzarle a un sujeto una piedra, sin que la misma lo toque, de modo que se intentó causarle daños pero no ocurrió así. Recuerde que para que se configure este delito, no se requiere que el autor del mismo haya tenido éxito en causar una lesión al otro individuo.

En este sentido, un asalto es tratar de ocasionar una lesión corporal a un individuo, que para el delito al que nos estamos refiriendo en este artículo, tiene que ser alguien que ejerza una función pública o que sea un pariente inmediato de éste.

Un ejemplo de una conducta que constituye esta clase de asalto puede ser el caso de un concejal, cuyo voto fue decisivo para aprobar un proyecto para ampliar las áreas verdes de una zona residencial. El concejal votó en contra del mismo y al salir de su oficina, uno de los vecinos que quería la ampliación, lleno de rabia por tal decisión, le lanza un ladrillo al concejal, el cual no lo toca sino que cae a sus pies. En este caso, el vecino es responsable por este hecho ilícito, ya que intentó agredir a un funcionario.

Contra un funcionario público

Un "funcionario público" se define en el Código Penal 217.1 (a) como cualquiera de los siguientes:

  • El presidente o el vicepresidente de los Estados Unidos;El
  • gobernador de cualquier Estado o Territorio de este país;
  • Un juez o jurado federal, estatal o local, actual o anterior;
  • Un comisionado, árbitro u otros funcionarios judiciales subordinados;
  • El secretario o director de una agencia ejecutiva (federal o estatal);
  • Un funcionario electo federal o estatal;
  • Un alcalde, miembro del concejo municipal, supervisor del condado, alguacil, oficial del orden público o jefe de policía municipal;
  • Un fiscal actual o anterior; o
  • Un defensor público actual o anterior.

Pero recordemos que este delito también se entiende cometido cuando la víctima es un familiar de los funcionarios mencionados. En este sentido, la familia directa de dichos funcionarios incluye a sus cónyuges, hijos, hijastros, hermanos, hermanastros, padres o padrastros.

Como se puede observar, la norma protege también a los ex defensores, ex fiscales y ex jueces. La causa de ello es que es posible que transcurran muchos años, pero continuarán estando en peligro de que aquellos que se hayan sentido perjudicados por una decisión pasada puedan intentar tomar represalias contra ellos. Pensemos en el caso de un individuo que ha pasado mucho tiempo en la cárcel y cuando logra salir, decide asaltar al juez que dictó la sentencia condenatoria, quien ya no ejerce su cargo desde hace 2 años.

Igualmente, le recordamos que esta calificación de delito también es aplicable para el caso de que la víctima haya sido un familiar directo de un funcionario, de los que hemos enumerado antes, de modo que si un individuo decide asaltar al padre, padrastro, madre, madrastra, hermanastros, hermanos, hijastros, hijos o cónyuge de aquel que se desempeña como funcionario público, podrá ser declarado responsable de este hecho ilícito, siempre que la causa de ese asalto sea impedir que el funcionario realice sus funciones propias o que sea por una acción que el funcionario realizó dentro de sus competencias. 

Pensemos que el esposo de una mujer asesinada sigue al defensor público del individuo que está siendo procesado como presunto responsable de la muerte. Cuando el defensor sale a cenar a un restaurante con su esposa, el viudo decide lanzarle una piedra a la cónyuge del abogado, profiriendo insultos contra él por defender a quien considera responsable de la muerte de su esposa, intentando que el abogado sienta un poco del dolor que el autor está sintiendo. Afortunadamente, la piedra lanzada no alcanza a la cónyuge del abogado defensor, pero quien la lanzó puede ser acusado por este hecho ilícito, ya que el acto fue perpetrado contra un familiar directo del funcionario.

La motivación del autor fue evitar que un funcionario realice actividades propias de su cargo, o en represalia por alguna acción realizada por el mismo

Uno de los hechos más importantes sobre el asalto contra un funcionario público es que un individuo sólo es culpable de este crimen si intentó agredir al funcionario basándose en cualquiera de las siguientes motivaciones:

  • Para tomar represalias por una actividad o una decisión del funcionario dentro del ejercicio de sus competencias. Este podría ser el caso de un sujeto que intenta darle un puñetazo a un agente de policía para impedir el arresto de otro individuo.
  • Para evitar la realización de las funciones oficiales del funcionario. Aquí se puede pensar en un defensor público que no logró ganar un caso, por lo que un familiar del procesado trata de golpearlo por haber perdido.

En otras palabras, si un individuo asaltó a un funcionario público, pero el asalto no tiene nada que ver con su trabajo, entonces no es culpable de este delito. Sin embargo, sí podría ser declarado responsable por otro hecho ilícito relacionado con crímenes de asalto según las leyes de California, como puede ser el asalto simple o asalto con un arma mortal.

Veámoslo con un ejemplo: Una noche, un individuo que está en estado de embriaguez, se pelea con un hombre dentro de un bar. El individuo ataca al hombre con un vaso de vidrio, pero es detenido por otros clientes antes de que pueda infligir una herida. Resulta que el otro hombre es un alguacil del Condado. Pero el autor no sabía esto cuando trató de agredirlo, por lo que el acto no tenía nada que ver con los deberes oficiales del hombre. Bajo este orden de ideas, el atacante será culpable de asalto simple, pero no de asalto contra un funcionario público.

¿Cuáles son las sanciones que se aplican por esta clase de asalto?

Lo primero que debemos informar es que este delito se considera un “wobbler”, de modo que podría ser procesado como una felonía o como delito menor, a criterio de la Fiscalía, para ello se toman en cuenta aspectos como que el autor posea antecedentes criminales previos y el grado de peligrosidad con la que actuó el acusado.

Si la Fiscalía decide procesarlo como delito menor, las penas que se pueden imponer son:

  • Prisión hasta por un año, o
  • Libertad condicional simple o informal, y/o
  • Multas hasta por la cantidad de mil dólares ($1.000,00)

No obstante, si se toma la decisión de procesarlo como una felonía, las penas que se imponen son mucho más graves:

  • Prisión que será como mínimo de dieciséis meses y máximo de tres años, o
  • Libertad condicional controlada o formal, y/o
  • Multas hasta por la cantidad de diez mil dólares ($10.000,00).

Hay que informar que existen diferencias entre los regímenes de libertad condicional que hemos mencionado. Si se trata de una libertad condicional simple o informal, no se impondrá al sujeto la obligación de presentarse de forma periódica ante las autoridades correspondientes, aunque tendrá que cumplir con todas las condiciones y términos que le hayan sido impuestos, mientras que si es una libertad condicional controlada o formal, junto con las demás obligaciones que se impongan, el individuo tendrá la obligación de presentarse personalmente cada cierto lapso de tiempo ante el oficial que corresponda.

¿Cuáles son los argumentos de defensa que se emplean comúnmente frente a un cargo de esta naturaleza?

Una defensa ejercida por un abogado conocedor puede ser la diferencia entre tener que pasar un largo tiempo en prisión pagando además cuantiosas multas, o una reducción significativa de los cargos contra el acusado, pudiendo llegar incluso a que los mismos sean desestimados. 

Cualquiera que sea su situación en estos momentos, es importante que consulte un abogado capacitado que sepa emplear una estrategia defensiva adecuada y eso sólo lo podrá hacer uno de los especialistas con los que contamos en The LA Criminal Defense Law Firm. Aunque vamos a explicar algunas de las líneas defensivas más utilizadas, ello no quiere decir que todas ellas puedan ser empleadas frente a todas las acusaciones de esta clase, porque algunas de ellas pueden ser específicas para cuando se hayan dado algunas circunstancias especiales, y sólo un profesional del derecho podrá reconocer cuál será la más idónea con relación a los hechos.

No se dé por vencido ni se sienta derrotado, porque enfrentar cargos penales no quiere decir que obligatoriamente va a recibir una sentencia condenatoria, sobre todo si cuenta con una asesoría legal apropiada

Ahora bien, pasemos a explicar algunas de las líneas defensivas comunes que pueden ayudar a reducir o desestimar estos cargos:

El acusado no tenía capacidad actual para infligir lesiones a la presunta víctima

Si un individuo se ha involucrado en un altercado con un funcionario público, es posible que use palabras o gestos ásperos. Incluso puede tratar de causarle lesiones. Pero si el acusado no tenía la capacidad actual, esto es, como se explicó antes, la capacidad necesaria para causarle lesiones, no habrá lugar a una condena por este delito.

Si la presunta víctima de asalto era más joven, más grande, más fuerte, o en caso de que el acusado sea una persona de mayor edad o que tiene sus capacidades motoras disminuidas, no se configuraría uno de los elementos constitutivos de este hecho ilícito, por lo que no podría ser condenado por este delito, aunque podría obtener una reducción de cargos a un delito menor como puede ser perturbar la paz o alterar el orden público.

El acusado no actuó con el propósito de tomar represalias o impedir el desempeño de funciones públicas

Como lo explicamos con anterioridad, un individuo no puede ser declarado culpable por esta clase de asalto, a menos que agreda a un funcionario público con la intención específica de tomar represalias o impedir el desempeño de sus funciones oficiales.

De modo que si el acusado atacó a un funcionario público por cualquier otro motivo, sólo podrá ser declarado responsable de un asalto simple, cuyas consecuencias son menos graves.

Legítima defensa

Se trata de un argumento con el que se pretende demostrar que el acusado actuó de una determinada manera para protegerse a sí mismo o a un tercero de un inminente peligro, producto del actuar de la supuesta víctima, lo que lo llevó a actuar como consecuencia de un racional temor a sufrir lesiones físicas o incluso morir. 

No obstante, este argumento defensivo deber ser empleado con mucha cautela, porque para que sea viable utilizarlo, es necesario que en los hechos se cumplan los siguientes requisitos: i) que el acusado o un tercero al que haya defendido se encontraba expuesto a un inminente riesgo de ser lesionado o de morir por una acción de la supuesta víctima; y ii) que el acusado haya utilizado una fuerza razonable, con el objetivo de impedir que se materializara el riesgo temido, esto es, que no haya empleado mayor fuerza de la que era requerida para evitar el riesgo.

Imagine el caso en que un sujeto indignado en medio de una protesta por una decisión tomada por un funcionario, observa que esta persona se acerca por la acera y comienza a insultarlo, entonces el funcionario se siente ofendido y se acerca al sujeto para abofetearlo pero el sujeto le detiene el brazo y le causa una lesión leve. En este caso el sujeto no podría ser declarado culpable por este delito, ya que su acción fue ejecutada en defensa propia.

¿Hay otros delitos que pueden relacionarse con un asalto a funcionarios públicos?

PC 415 – Alterar el orden público
PC 240 – Asalto simple
PC 243(d) – Agresión que ocasione una lesión corporal grave
PC 245(a)(2) – Asalto con un arma de fuego
PC 245(a)(1) – Asalto con un arma mortal

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Todo proceso judicial contra un sujeto trae consigo múltiples implicaciones legales y no puede ser tomado a la ligera. Si usted ha sido acusado de asalto contra un funcionario público en Los Angeles y desea la mejor asesoría que se pueda obtener, con el fin evitar las severas consecuencias de una sentencia condenatoria por este hecho punible, tiene que ponerse en contacto con The LA Criminal Defense Law Firm. Contamos con un equipo profesional conocedor de esta clase de acusaciones, capaz de realizar un estudio minucioso de su caso para así escoger el argumento de defensa que sea más conveniente.

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